El Gobierno quiere ahorrar 450 millones entregando el Registro a los notarios que pasarán a cobrar por algunas actividades
MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
La reforma del Registro Civil prevista por el Gobierno de Mariano Rajoy tendrá como primera consecuencia que las bodas civiles oficiadas hasta ahora por los jueces de manera gratuita, pasarán a ser competencia de los notarios y los cónyuges deberán pagar al notario por la misma, según ha explicado este martes el director general de los Registros y el Notariado, Joaquín José Rodríguez. Aunque no ha precisado la cantidad, ha indicado que será inferior a los 90 o 100, tasas que cobran algunos ayuntamientos que celebran bodas.
DIJO QUE VEÍA LEGÍTIMO QUE SE ASPIRE A CONSULTAR A LOS CATALANES
MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha firmado este lunes un Decreto por el que se inician los trámites para llevar a efecto un expediente de remoción del cargo del fiscal Superior de Cataluña, Martín Rodríguez-Sol, tras sus manifestaciones sobre la consulta soberanista.
En una entrevista concedida a Europa Press Rodríguez-Sol dijo que veía legítimo que Cataluña aspire a consultar a sus ciudadanos sobre su futuro político pero avisa de que actualmente "no existe un marco legal que permita un referéndum sobre la independencia", por lo que apuesta por buscar una alternativa en preguntas que respeten la legalidad.
La nueva ley de tasas judiciales comenzará a aplicarse a partir de hoy, tras la publicación ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden ministerial que regula el procedimiento de liquidación y cobro. La orden recoge los dos modelos para la autoliquidación y la solicitud de devolución por solución extrajudicial de tasas judiciales. No obstante, también contempla varios supuestos relativos a la devolución de pagos y a la presentación de modelos que entrarán en vigor más tarde, a partir del 1 de abril.
La nueva ley contempla incrementos de entre 50 y 750 euros en las tasas y los ciudadanos deberán pagar por primera vez en el orden Social y afrontar un coste de hasta 1.200 euros si quieren recurrir ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa.
El informe no vinculante tiene que ser estudiado y aprobado por el CGPJ La figura de la prisión permanente revisable es contraria a la reinserción social Sobre la custodia de 10 años, dice que es una pena de prisión encubierta
El CGPJ estudiará un informe que considera inconstitucional la reforma del Código Penal de Gallardón
Harán un protesta el 12 de diciembre, piden negociar directamente con Rajoy y planean un paro total en enero si no se pactan las reformas
29.11.12 - 01:47 -
MATEO BALÍN | MADRID./ La Verdad
Los jueces y fiscales no aguantan más y han dicho basta. Con los puentes de diálogo rotos con el Ministerio de Justicia para pactar las reformas legislativas que ultima Alberto Ruiz-Gallardón, y que buscan dar un lavado de cara a la estructura del Poder Judicial y al estatus diferenciado de los togados, los tambores de huelga suenan con más fuerza que nunca.
Las siete asociaciones de jueces y fiscales, sin excepción, dieron ayer un paso de gigante en sus protestas y firmaron un acuerdo que pone en un brete a Gallardón. Los colectivos, hartos de que el ministro haga caso omiso a sus propuestas, consideran que este ya no es un «interlocutor válido» y a partir de ahora quieren negociar directamente con el presidente Mariano Rajoy, al que le piden una reunión urgente.
Los ciudadanos, «en las próximas semanas», comenzarán a pagar un mínimo de 100 a 300 euros por iniciar un pleito
22.11.12 - 02:31 -
ALFONSO TORICES | MADRID/ La Verdad
El Gobierno anunció, a última hora de la tarde de ayer, que aplaza «varias semanas» la entrada en vigor de la nueva ley de Tasas Judiciales, publicada ayer en el BOE y que tenía que comenzar a aplicarse hoy, tras darse cuenta de que no tenía el impreso para cobrar el nuevo canon. El Ministerio de Hacienda no ha aprobado aún la orden para elaborar el formulario para los pagos. El presidente del Consejo General de la Abogacía avisó horas antes al Ministerio de Justicia de esta imprevisión que iba a hacer inaplicable la ley.
También se introduce el delito de acecho u hostigamiento El anteproyecto de reforma se remitirá al CGPJ y al Consejo de Estado El Gobierno estudia el informe del Estatuto de la Víctima Las vacantes judiciales se cubrirán solo por jueces profesionales
El Gobierno da luz verde a la reforma del Código Penal
También se introduce el delito de acecho u hostigamiento El anteproyecto de reforma se remitirá al CGPJ y al Consejo de Estado El Gobierno estudia el informe del Estatuto de la Víctima Las vacantes judiciales se cubrirán solo por jueces profesionales
El Gobierno da luz verde a la reforma del Código Penal
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha llevado al Consejo de Ministros una propuesta de reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para que sólo el presidente tenga dedicación exclusiva, mientras que los 20 vocales compaginen su participación en este órgano con el ejercicio de su carrera profesional.
El titular de Justicia ha elevado al Gobierno las conclusiones que ha elaborado la Comisión de expertos sobre la reforma del órgano de gobierno de los jueces y que trasladará desde esta "misma tarde" a los grupos parlamentarios para lograr el máximo consenso en aspectos como el sistema de elección de los vocales.
Ha emplazado a tener "sentido de Estado" siguiendo criterios donde "sólo la política se puede escribir con mayúsculas y no con minúsculas" y ha añadido que se pedirá el informe preceptivo al actual CGPJ y el Consejo de Estado.
El Sindicato de Secretarios Judiciales ha indicado este miércoles que el colectivo puede asumir la gestión de bodas y divorcios de mutuo acuerdo "con coste cero para la ciudadanía". "Disponemos de personal capacitado y estamos dispuestos a ello", ha asegurado en declaraciones a Europa Press su secretario general, Rafael de la Fuente, tras el anuncio realizado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado este miércoles que el Gobierno tiene previsto desarrollar una ley de mediación y de jurisdicción voluntaria que permita que muchos de los asuntos que actualmente deben ser tramitados por vía judicial, como es el caso de los matrimonios civiles o los divorcios de mutuo acuerdo, puedan ser tramitados ante notario.
"Aquí tramitamos por vía judicial muchos asuntos que tendríamos que resolver de forma distinta. Esa va ser una de las primeras medias que vamos a hacer a través de una ley de mediación y una ley de jurisdicción voluntaria", ha confirmado en una entrevista en la Cope, recogida por Europa Press.
El Ejecutivo acortaría el mandato de los cuatro jueces que nombrará el Senado Quieren evitar vulnerar lo establecido en la Constitución Los populares sugieren ampliar la permanencia de todos los magistrados Proponen también la creación de un cuerpo de letrados que asista al TC
RTVE.es / AGENCIAS 30.09.2010 - 13:14h
El Gobierno está estudiando hacer algún cambio legal para que el retraso acumulado de tres años en la renovación del Tribunal Constitucional (TC) por parte del Senado no derive en una violación de la Carta Magna, que obliga a que los miembros del alto tribunal se renueven de cuatro en cuatro cada tres años, según varias fuentes del Ejecutivo consultadas por Europa Press. Por su parte, el Partido Popular también prevé atajar los problemas derivados de la renovación y propone ampliar el mandato de todos los magistrados y agrupar los mecanismos de su selección. Sáenz de Santamaría ha dicho este jueves que lo ocurrido con el Estatuto de Cataluña ha demostrado la necesidad de acometer reformas sobre el funcionamiento del TC, entre las que ha citado la posibilidad de habilitar un cuerpo de letrados por oposición, tal y como sucede en las Cortes o el Consejo de Estado, para descargar el trabajo de los jueces. El Gobierno y el PP lograron el martes un acuerdo para desbloquear la renovación de cuatro de los 12 magistrados del TC cuyo mandato estaba 'caducado' desde 2007 y el PP ya ha formalizado la candidatura de Francisco Pérez de los Cobos. El retraso ha sido tal que en noviembre de este año expirará el mandato de otros tres elegidos por el Congreso (el cuarto de ese grupo, Roberto García-Calvo, falleció en mayo de 2008 y su puesto también está vacante). De esta forma, si el Senado nombra ahora cuatro magistrados con un mandato ordinario, su renovación volverá a coincidir, dentro de nueve años, con la renovación de los cuatro que corresponden al Congreso, lo que obligaría a modificar el mandato de la Constitución. El Gobierno plantea acortar los mandatos y el PP, ampliarlos Para que esta situación no se produzca, el Gobierno cree que lo más adecuado es acordar con los grupos parlamentarios alguna modificación legal para abrir la puerta a que los nombrados ahora por el Senado tengan un mandato más corto, de seis años y no de nueve. Sáenz de Santamaría, por su parte, se ha mostrado más preocupada por la "independencia" del tribunal que por modificar la Carta Magna. Ha explicado que su partido apostaba por ampliar el mandato de los jueces y agrupar los mecanismos de su selección porque la institución que vela por la constitucionalidad de las leyes "no puede ser tan vulnerable como ha demostrado en los últimos tiempos". "Sé que los partidos políticos hemos contribuido a ello, pero también sé que en nuestras manos está por delante la responsabilidad de que se restablezca su prestigio y su autoridad", ha continuado la portavoz del PP quien ha recalcado que su partido está en ello. Cambios que podrían no llegar a tiempo No obstante, no está claro que la reforma legal pueda hacerse a tiempo de entrar en vigor antes de que se haga efectivo el nombramiento de los nuevos magistrados, cuyo proceso de nombramiento está a punto de concluir en la Cámara Alta una vez que PSOE y PP han llegado a un acuerdo sobre los candidatos. Además de evitar la coincidencia en la renovación de los jueves por ambas Cámaras, fuentes parlamentarias añaden que también se podría introducir una fórmula para que los magistrados deban abandonar el puesto transcurrido un tiempo desde que caduque su nombramiento, con el objetivo de obligar a los partidos políticos a ponerse de acuerdo en un plazo determinado para no dejar vacantes varios puestos del TC. Así las cosas, algunas de las fuentes consultadas apuntan que es posible que estos magistrados ocupen su puesto con un mandato ordinario y que la reforma legal se plantee para el futuro. La Constitución dice, en su artículo 159, que los miembros del Tribunal Constitucional "serán designados por un periodo de nueve años y se renovaran por terceras partes cada tres (años)". Un tercio de los nombramientos (cuatro jueces) corresponde al Congreso, otro tercio al Senado y el tercero al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que nombran dos magistrados cada uno. Además, los jueces deben permanecer en el cargo, aunque haya expirado su mandato, hasta que sus sustituto sea nombrado.
El PP ha retirado al juez Enrique López de su cupo en el Senado Será sustituido por el catedrático Francisco Pérez de los Cobos Los populares volverán a proponer a López en el cupo del Congreso
El PP ha decidido retirar al magistrado Enrique López de su lista de candidatos para renovar la composición del Tribunal Constitucional en el cupo que le corresponde al Senado y favorece así que se desbloquee la negociación del proceso. Según informan ambas formaciones políticas, dirigentes del PP y del PSOE en el Senado han alcanzado un principio de acuerdo, con el que se pondría fin al bloqueo del Constitucional, que hace ya tres años debería haber renovado a cuatro de los 12 magistrados que lo componen. El bloqueo se debía a que Enrique López, magistrado de la Audiencia Nacional y uno de los candidatos propuestos por el PP, no reunía los requisitos legales exigidos para ocupar un puesto en el Tribunal Constitucional, ya que no llevaba 15 años en el ejercicio activo de la carrera, motivo por el cual la Mesa del Senado le vetó hace unos meses. El PP, que recurrió esta decisión, sigue sin estar de acuerdo pero ha aceptado sustituir a López por otro candidato y posibilitar así la renovación. Nuevo candidato Según han informado fuentes del Partido Popular, el nombre de López será sustituido por el catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Complutense Francisco Pérez de los Cobos. Pérez de los Cobos es director del Departamento de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Complutense, el mismo del que forma parte la actual presidenta del Constitucional, María Emilia Casas, y al que puede volver una vez sustituida en el cargo. El nombramiento de Pérez de los Cobos tendrá que pasar próximamente por la comisión de nombramientos del Senado para que evalúe su idoneidad, ya que este catedrático no formaba parte de los nombres designados inicialmente por parte de las Comunidades Autónomas para formar parte del TC en el cupo del Senado. Pérez de los Cobos nació en Murcia 1962 y llegó a la Complutense ¡ de la Universidad Autónoma de Barcelona. Además, es socio del despacho de abogados 'Cobos y asociados'. Pérez de los Cobos se unirá así al ex presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, que es el otro candidato propuesto por el Partido Popular López irá en el cupo del Congreso No obstante, fuentes populares indican que el nombre de Enrique López seguirá siendo una de las apuestas del PP por la cuota del Congreso, proceso que corresponde abordar dentro de unos meses. Será en noviembre cuando el Congreso tenga que proceder a la renovación de otros cuatro integrantes del TC. El líder del PP, Mariano Rajoy, ha confirmado esta decisión en su intervención en el "Foro ABC", donde ha subrayado que López será presentado por el cupo del Congreso y será el propio Tribunal Constitucional el que diga si cumple o no los requisitos para ser elegido magistrado de este órgano. "Yo creo que sí cumple los requisitos pero como quiera que los servicios jurídicos del Senado han dicho que no, presentaremos un recurso. Será el TC el que diga si López cumple los requisitos y si los cumple, Enrique López será elegido magistrado por en el cupo del Congreso", ha declarado Rajoy. Con la retirada de Enrique López, el Constitucional pasará de un equilibrio entre magistrados progresistas y conservadores, a una mayoría absoluta de magistrados elegidos a propuesta del PSOE. El PSOE rompe un pacto con CiU El grupo socialista ha roto, esta tarde, el pacto alcanzado entre el PSC y CiU al no porponer a un candidato catalán para la renovación del TC en la Comisión de Nombramientos de la Cámar Alta. En el acuerdo, alcanzado entre ambas formaciones, se contemplaba que uno de los cuatro magistrados del Constitucional que corresponde renovar al Senado procediera del Parlamento de Cataluña. Sin embargo esta condición no se ha cumplido ya que el PSOE ha propuesto como candidatos a la catedrática de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco, Adela Asúa y Luis Iganacio Ortega, catedrático de Derecho Administrativo. Se trata de una propuesta conjunta con el PP, que a su vez propone para el TC al ex presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Francisco José Hernando. La propuesta de estos tres magistrados ha sido aprobada por la Comisión de Nombramientos, con el voto en contra del portavoz de CiU, Jordi Vilajoana, la abstención del de la Entesa, Carles Bonet, y el voto a favor de PP, PSOE y Grupo Mixto.
El Poder Judicial deberá elegir entre Pablo Rus, Carmen Lamela y Carmen Rodríguez-Medel
EL PAÍS - Madrid - 21/06/2010
La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha propuesto una terna de magistrados -dos mujeres y un hombre- entre los 14 candidatos para sustituir a Baltasar Garzón mientras el juez se encuentra en comisión de servicios en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial será quien decida finalmente para quién es el puesto, informa Manuel Altozano.
Los magistrados propuestos, por orden preferente, son el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Collado Villalba (Madrid), Pablo Rafael Ruz Gutiérrez -que ya prestó servicios en la Audiencia Nacional durante la instrucción del 11-M-; la magistrada de la Audiencia Provincial de Madrid Carmen Lamela Díaz, y la juez de Violencia de Género de Marbella Carmen Rodríguez-Medel Nieto.
La decisión ha sido adoptada por unanimidad entre los 14 candidatos que han optado al concurso para ocupar el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional en comisión de servicios, mientras Garzón permanezca en situación administrativa de suspensión cautelar
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha concedido al juez Baltasar Garzón la autorización para trasladarse a la Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya (Holanda), donde durante los próximos siete meses ocupará un puesto de consultor externo de la Fiscalía, aunque no le concede la comisión de servicios especiales que había solicitado. El anuncio lo ha hecho la portavoz del órgano de gobierno de los jueces, Gabriela Bravo, después de que concluyera, alrededor de las 20.30 horas y después de poco más de una hora, la reunión de la Comisión Permanente que debía decidir sobre el traslado del juez. La resolución, según la cual "no se aprecian razones legales que impidan la contratación" de Garzón en el TPI, ha contado con tres votos a favor y dos en contra, uno de la vocal progresista Almudena Lastra y otro del conservador Antonio Dorado. Según Bravo, la decisión ha sido tomada por la Comisión Permanente del Consejo tras estudiar los informes que había solicitado después de que Garzón fuera suspendido cautelarmente el pasado viernes ante la apertura de juicio oral contra él por declararse competente para investigar los crímenes del franquismo. El último de esos informes, que debía elaborar el propio CGPJ, se ha presentado al inicio de esta reunión.
Según el acuerdo, remitido por el CGPJ, a Garzón se le deniega la comisión de servicios especiales para concederle el traslado, aunque no se especifica la modalidad en la que se le traslada. De hecho, en su comparecencia la portavoz del CGPJ no ha respondido a las preguntas de los periodistas para aclarar en qué circunstancias se marcha el juez a La Haya y qué efectos pueden tener para su plaza al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.
Los votos en contra Respecto a las razones de los vocales que han votado en contra del acuerdo, según éste, la vocal Almudena Lastra ha formulado voto particular en contra de la resolución por entender que "no se resuelve lo solicitado" y que a Garzón, tal y como solicitaba, se le debía haber declarado en situación de servicios especiales.
Por su parte, Antonio Dorado se opone porque entiende que el acuerdo de la Comisión Permanente "debía haberse limitado" a la denegación de la situación de servicios especiales, "sin perjuicio de que una nueva petición de Baltasar Garzón de naturaleza distinta hubiera podido ser estimada".
Para tomar su decisión favorable al traslado, la Comisión Permanente del CGPJ ha tenido en cuenta los informes favorables del Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado, del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional, que "comprede que de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de España debía ser suspendido en sus funciones" no advierte "razones para modificar la decisión de contratar" a Garzón.
Exteriores y el Supremo, partidarios del traslado Exteriores informó ayer al CGPJ que seguía respaldando el traslado de Garzón pese a sus suspensión provisional, mientras que el fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno-Ocampo, contestó que esta medida cautelar no constituye obstáculo para su contratación.
Hoy mismo la Fiscalía General del Estado ha remitido su informe al Consejo, en el que señala que no hay impedimentos legales para que Garzón, pese a haber sido suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional, pueda ser declarado en situación de servicios especiales.
Por su parte, el informe que ha enviado también hoy al Consejo la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) señala que no se han adoptado en ninguna de las causas abiertas contra Garzón en el Alto Tribunal "medidas cautelares que impidan la residencia fuera de España del mencionado magistrado".
Los integrantes de la Comisión Permanente son el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, las vocales progresistas Margarita Robles y Almudena Lastra y los del sector conservador Manuel Almenar y Antonio Dorado.
La suspensión de Garzón fue acordada el pasado viernes por unanimidad por el pleno del Consejo después de que el magistrado del Supremo Luciano Varela abriera el pasado miércoles juicio oral al juez por un delito de prevaricación por declararse competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.
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El juez Garzón, que está imputado por el Tribunal Supremo en tres causas, se incorporaría como consultor externo por un periodo inicial de siete meses CADENA SER / EP 11-05-2010
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha pedido el traslado como asesor de la fiscalía a la Corte Penal Internacional. Garzón está imputado en tres causas en el Tribunal Supremo, dos por presunta prevaricación y otra también por cohecho.
Garzón, que abandonaría de esta forma el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha realizado esta solicitud después de recibir el pasado 6 de mayo una invitación del fiscal del Tribunal Penal Internacional Luis Moreno Ocampo. El juez Garzón, que está imputado por el Tribunal Supremo en tres causas, se incorporaría como consultor externo por un periodo inicial de siete meses. En una conversación mantenida con la CADENA SER, el magistrado ha confirmado que la semana pasada le llegó la invitación del fiscal jefe del tribunal. También ha asegurado que ha pedido el traslado aunque es consciente que, "con todo respeto", los casos en los que está inmerso siguen su curso de forma natural. Por otra parte, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional ha informado favorablemente al Consejo General del Poder Judicial respecto a la solicitud de traslado formulada por el magistrado.
El anteproyecto de Ley aprobado por el Gobierno dice que serán los hospitales quienes notifiquen los nacimientos, aunque los centros murcianos aún no saben cómo se hará La Opinión ANA GARCÍA La imagen de las madres recién salidas de la maternidad del hospital con su bebé en brazos a las puertas del Registro tiene los días contados. El anteproyecto de ley del Registro Civil aprobado por el Gobierno contempla que serán los hospitales y centros sanitarios quienes se encargarán de notificar por vía telemática los nacimientos, una de las reformas que se quiere introducir para desjudicializar este órgano y lograr que pase a ser un departamento administrativo gestionado por funcionarios públicos. Esta reforma es vista con buenos ojos por la Sanidad murciana, ya que consideran que beneficiará a los pacientes, aunque están expectantes para ver cómo se lleva a cabo la reforma. "Primero tendremos que saber si dotarán de personal específico a los hospitales o si se creará un departamento que se encargue de esta tarea en los centros donde haya maternidades", señalaron fuentes de la consejería de Sanidad. Al mismo tiempo, la coordinadora del hospital Materno-Infantil de la Arrixaca explicó que hasta ahora cuando nace un niño la matrona lo inscribe en el libro de nacimientos y firma el certificado que entrega a los padres, quienes tienen que ir al Registro Civil a inscribir al bebé. Pero para este procedimiento los progenitores sólo disponen de un plazo de ocho días desde el nacimiento. La reforma planteada por el Gobierno no ha gustado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ, quien ha aprobado un informe en el que, aunque reconoce las ventajas que tendría para los padres, critica que se traslade a los centros sanitarios "la responsabilidad de efectuar las comprobaciones o verificaciones que toca realizar al encargado del Registro Civil". Así, Julio Andrés Carrasco, delegado de STAJ-Murcia -Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia-, consideró que "los hospitales no pueden encargarse de la inscripción, ya que en los asuntos de nacionalidad tiene que intervenir un juez". Al tiempo que planteó cómo se regulará en los hospitales privados, ya que es un acto público.
