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lunes, 13 de abril de 2009

Aguirre propone que la Cañada Real Galiana deje de ser de dominio público ganadero

Aguirre, durante la inauguración esta mañana de la sexta escuela infantil de Rivas, El Arlequín.- EFE
Una decena de padres recibe a la presidenta de la Comunidad de Madrid en Rivas con pancartas contra la privatización de las escuelas
AGENCIAS - Madrid - 13/04/2009 / El País.com Foto: Google
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha anunciado hoy en la localidad madrileña de Rivas que propondrá la "desafectación del dominio público ganadero" del tramo de la Cañada Real Galiana a su paso por este municipio y que buscará el consenso con los ayuntamentos afectados por el problema. Una desafectación implica que se suprime el sometimiento de un bien al régimen de dominio público, incorporándose al régimen patrimonial. La presidenta no ha aclarado qué pretende hacer con el suelo una vez desafectado, si pretende convertirlo en urbanizable, privatizarlo o que pase de ser camino rural nacional a una carretera de la Comunidad de Madrid.
"No quiero imponer nada", ha dicho Aguirre, que ha opinado que para solucionar los problemas de exclusión y seguridad de la Cañada, el mayor poblado chabolista de España, es preciso buscar una solución nueva y ésta es su apuesta personal. A su juicio, el asunto está enquistado tras 40 años sin soluciones y las lacras que padece la zona desaparecerán cuando se legalicen los nuevos barrios y la Comunidad de Madrid asuma los costes para ejecutar las infraestructuras necesarias. La presidenta ha anunciado la intención del Gobierno regional de presentar un proyecto de ley para la "desafectación del dominio público ganadero", ya que "no hay paso de ganado, antes de que culmine este periodo de sesiones", pero quiere antes consensuarlo con todos los grupos y los ayuntamientos afectados.
"Quiero mantener una reunión con el alcalde de Rivas [José Masa, de IU] precisamente para hacer una intercambio de opinión sobre este importantísimo asunto", ha añadido Aguirre, "y garantizarle que, al igual que tenemos a los niños de El Gallinero -la peor zona del poblado- escolarizados en un colegio específico", se van a volcar "para resolver el problema de la Cañada Real". El poblado se extiende a lo largo de 15 kilómetros a la salida de Madrid por la carretera de Valencia, por terrenos de cinco municipios de la región -Madrid, San Fernando, Getafe, Coslada y Rivas-Vaciamadrid-. En él malviven unas 40.000 personas de varias nacionalidades, en su mayoría marroquíes y rumanos, en asentamientos que van desde chalés adosados a chabolas de chapa y cartón. Son 2.000 edificaciones, todas ellas ilegales.
"Hoy inaugura, mañana privatiza"
Se refería la presidenta a la petición que minutos antes le había hecho al alcalde de considerar Rivas como distrito único, para que los niños en edad escolar que viven en la Cañada Real no se concentren en sólo tres colegios del municipio y se repartan, en cambio, entre todos los centros. Estas declaraciones las ha hecho la presidenta durante la inauguración de la escuela infantil Arlequín, la sexta de la localidad y la tercera que la Comunidad de Madrid abre en Rivas desde que Aguirre preside el Ejecutivo regional. En funcionamiento desde noviembre, tiene 189 plazas. Aguirre ha anunciado que el año que viene se piondrá en marcha la séptima escuela, en el barrio de Los Montecillos.
La visita de Aguirre ha transcurrido en medio de la protesta de una decena de padres de niños de 0 a 3 años, que la han recibido con pancartas contra la privatización de la educación y el decreto de mínimos. Los manifestantes protestaban porque la Comunidad de Madrid ha sacado a concurso la gestión de la escuela infantil Patas Arriba, que en los cuatro años que lleva abierta estaba en manos de una cooperativa de educadores. Los padres aseguran que "están privatizando todos los servicios de las escuelas infantiles, las están poniendo en bandeja a las grandes empresas y se le está dando más valor a la propuesta económica que al proyecto educativo, con una calidad mucho menor de la enseñanza".
Los manifestantes han acompañado a Aguirre durante sus dos visitas en Rivas, el acto de poner la primera piedra de un centro de educación especial y la inauguración de la escuela infantil, coreando lemas como "hoy inaugura, mañana privatiza" o "la escuela de mi pueblo la quieren vender porque la Esperanza no llega a fin de mes", entre otros.

lunes, 23 de marzo de 2009

La Asamblea de Caja Madrid rechaza los estatutos basados en la nueva Ley de Cajas de Aguirre

Ahora el gobierno autonómico podría imponerlos en el plazo máximo de un mes
23.03.09 - 21:32 -
AGENCIAS MADRID/ La Verdad
La Asamblea General de Caja Madrid rechaza, con más de la mitad de los votos en contra, el nuevo proyecto de estatutos adaptado a la normativa de cajas regional que aprobó el Gobierno de Esperanza Aguirre el pasado diciembre, dos meses después de haber comenzado el proceso electoral de la entidad. Según fuentes cercanas a la Asamblea, 157 consejeros generales de los 296 presentes en la reunión extraordinaria han votado, en urna, en contra de la propuesta, 87 a favor, 51 se abstienen y un voto nulo.
Tanto la nueva ley de cajas regional como la normativa anterior de 2003 recogen la posibilidad de que el gobierno autonómicolos imponga en el plazo máximo de un mes, aunque la caja ha confiado siempre en que la decisión de la Asamblea sea "respetada por todos, sin imposiciones por parte de nadie". Para que los nuevos estatutos se dieran por aprobados, se necesitaba el voto a favor de dos tercios.
Propuestas de diálogo
Durante la reunión han hablado, además del presidente de la entidad, Miguel Blesa, 10 consejeros (tres representantes de CCOO, dos de IU, uno del PSOE, uno de la Asociación de Cuadros y tres independientes), de los cuales ocho se han mostrado en contra de los nuevos estatutos, uno a favor y otro en defensa de la abstención. Ningún representante del PP, ni del Ayuntamiento de Madrid ni de la Comunidad tomaron la palabra. Tanto los ocho consejeros que defendieron el rechazo como el del PSOE que apostó por la abstención pidieron que se vuelva a la senda del diálogo y el consenso "que ha presidido la entidad en los últimos años".
En este sentido, el secretario de Política Institucional de CCOO Madrid y consejero general, Jaime Cedrún, que habló en la Asamblea, han pedido a la Comunidad que reconduzca la situación y no imponga los estatutos porque supondría "judicializar la caja durante los próximos meses". Cedrún pide a la Comunidad que ponga encima de la mesa una propuesta de diálogo y negociación que recoja "el sentimiento de búsqueda de acuerdo mayoritario en la caja".
Aunque no tomaron la palabra en la Asamblea, defensores de la postura de Aguirre argumentan que la reunión ha supuesto un "acto de rebeldía inconcebible y sin precedentes" en una entidad privada contra una ley de cajas aprobada por un Gobierno "que han elegido los madrileños". Las mismas fuentes han explicado que Blesa justificó su rechazo a los estatutos e instó al voto en contra a los asistentes. Los cercanos a Aguirre defienden que la nueva ley es plenamente homologable y creen que Blesa sólo busca perpetuarse en el cargo.
Opiniones en contra
En contra de esta postura se mantienen CCOO, IU y PP del Ayuntamiento de Madrid, que ha presentado un recurso contra la reforma de los estatutos porque el nuevo proyecto reduce su representación en los órganos de gobierno de la caja en 46 consejeros.
En los tres últimos Consejos de Administración de la caja, 14 de sus 21 miembros -los representantes del Ayuntamiento, de CCOO, de IU y uno de los del PSOE- han mostrado su firme rechazo a la nueva ley de cajas que califican "anticonstitucional, ilegal e innecesaria" y han dejado abierta la puerta a presentar recursos contra la modificación de los estatutos. Aunque siempre se han mostrado contrarios al nuevo proyecto de estatutos, que hace muy difícil la reelección de Blesa como presidente, decidieron remitirlo a la Asamblea para su votación, pero matizaron que lo hacían por "imperativo legal".
Tras la votación de hoy y a la espera de lo que haga la Comunidad, quedan abiertos dos recursos contra la reforma estatutaria: el del Ayuntamiento de Madrid y otro del de Sevilla. Además, CCOO ha solicitado al Defensor del Pueblo la interposición de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de la ley de cajas regional.