martes, 15 de junio de 2010

La investigación de Gürtel destapa más casos de corrupción en la Comunidad de Madrid

Las pesquisas revelan el uso de empresas pantalla en nuevos contratos irregulares
JOSÉ M. ROMERO / JOSÉ A. HERNÁNDEZ - Madrid - 14/06/2010 / El País.com
La investigación del caso Gürtel, la trama de corrupción más extensa de la democracia vinculada a un partido político, ha descubierto nuevos negocios supuestamente fraudulentos relacionados con la Comunidad de Madrid gracias a la documentación incautada en los distintos registros que forma parte del sumario conocido. Las ilegalidades documentadas en el curso de la investigación salpican a empresarios hasta ahora no imputados.
La Fiscalía Anticorrupción, tomando como base distintos informes policiales, solicitó hace varios meses que se recabasen documentos para conocer si la trama corrupta había utilizado a varias empresas como pantalla para ocultar su identidad, entre ellas el Grupo Rafael y MQM.
A través de estas sociedades y a cambio de una comisión, la trama corrupta facturaba a distintas instituciones, entre ellas el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que durante cuatro años adjudicó de manera irregular cientos de contratos a la red que dirigía Francisco Correa.
La investigación había descubierto hasta ahora que uno de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo, primero viceconsejero de Presidencia y después consejero de Deportes, decidió que todos los actos en que participara la presidenta los iban a organizar empresas de la trama corrupta de Francisco Correa.
A cambio, López Viejo cobraba comisiones ilegales, que sumaron en todos estos años más de 250.000 euros, según demostró la investigación a través del testimonio de algunos ex directivos de las empresas de la trama y los apuntes en la contabilidad incautada en las oficinas que utilizaba la red Gürtel.
La investigación reciente, impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, ha destapado nuevos casos de esa práctica ilegal con decenas de contratos hasta ahora desconocidos por un monto de cientos de miles de euros y nuevas empresas intermediarias que, en realidad, actuaban como testaferros de los intereses de Correa. Documentación que este periódico publicó el 14 de febrero de 2009 y correspondiente a Easy Concept -una de las sociedades con las que operaba la red corrupta que dirigía Correa- revela cómo supuestamente esa firma, la que más trabajó en los actos de Aguirre, inflaba los costes para ganar un 40% por contrato y en muchos casos los presentaban al cobro en la Comunidad de Madrid bajo una sociedad blanca o sin sospecha.
En esa tarea, según la citada documentación, contaban con la ayuda de López Viejo y de uno de sus colaboradores, Pedro Rodríguez Pendás. El jefe de la trama, Francisco Correa, reconoció a su ex amigo José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda y denunciante de los hechos que han dado lugar al caso Gürtel, que López Viejo le sugería fraccionar los contratos y presentarlos a través de terceras empresas para evitar los filtros administrativos y las sospechas de trato de favor a su grupo, según las grabaciones incorporadas al sumario.
La documentación que EL PAÍS adelantó acredita que el acto de entrega de la medalla de la Comunidad de Madrid a los príncipes de Asturias por Esperanza Aguirre, el 12 de septiembre de 2007, en la sede de la presidencia regional de la Puerta del Sol, lo montó supuestamente Easy Concept, bajo la tapadera de la firma MQM (Marketing Quality Management). Un informe interno de Easy Concept al que hace un año tuvo acceso este periódico (ver infografía en esta misma página) revela cómo se fraguó dicho servicio al Gobierno de Aguirre.
El montaje del acto, según la documentación, lo pidieron expresamente López Viejo y Pedro Rodríguez Pendás. A este último le fue enviado el presupuesto inicial a través de un correo electrónico en el que se precisaba que el acto no entraba en el contrato de servicios número 03-at-6.6/2007 que tenía con la Comunidad de Madrid la empresa MQM, nota que se añadió a dicho presupuesto adjunto por petición expresa de Rodríguez Pendás. "Una vez finalizado el acto hemos preguntado por activa y pasiva cómo se factura y a quién; en un primer momento, nos dijo Pedro Rodríguez Pendás que todo el importe sería facturado por MQM, incluidos los extras del acto, pero luego nos comunicaron de Intervención que solo se hiciera una factura por MQM por importe inferior a 12.000 euros y que el resto hasta el día de hoy nadie de Presidencia, ni de Intervención ni por supuesto Pedro Rodríguez dicen nada al respecto".
El citado escrito detalla cómo los contratos eran encargados por López Viejo y sus colaboradores saltándose todas las normas de contratación. Todo se resolvía mediante conversaciones privadas o correos electrónicos, no mediante concursos ni ante una mesa de contratación. Easy Concept, la empresa que más actos ha organizado para Esperanza Aguirre, se ocultaba a veces a través de la sociedad MQM y otras veces a través de otras empresas que también investiga la policía.
El material para el acto de los príncipes de Asturias con la presidenta de la Comunidad de Madrid les costó 39.143 euros, pero facturaron al Gobierno regional madrileño 65.475 euros, un beneficio de 26.331 euros. El informe interno de Easy Concept está avalado por el presupuesto oficial de la firma pantalla, MQM, que, aparentemente, prestó el servicio a la Comunidad de Madrid. "Presupuesto total (IVA incluido) 67.992 euros. Nota: este acto ha sido solicitado desde Presidencia por Pedro Rodríguez y está considerado fuera del contrato referente al concurso número 03-at-6.6/2007". Calcaba el documento de Easy Concept.
La trama del caso Gürtel afecta a casi una veintena de altos cargos de los Gobiernos regionales de Madrid, la Comunidad Valenciana y Castilla y León. Recientemente, el juez del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia tras observar diversos delitos que afectan a altos cargos del Gobierno de Francisco Camps.
Pedreira, asumiendo la tesis de Anticorrupción, estimó que varios dirigentes del PP valenciano y de la Administración regional podrían haber incurrido en delitos de financiación ilegal del PP y de cohecho propio al aceptar regalos de la trama corrupta que dirigía Correa a cambio de contratos a dedo de la Administración regional. El PP tiene recurrida esta resolución.

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