El Congreso vota hoy condicionarla a que haya españoles afectados
F. GAREA / A. DÍEZ - Madrid - 19/05/2009
F. GAREA / A. DÍEZ - Madrid - 19/05/2009
El pleno del Congreso de los Diputados tiene previsto poner coto hoy a la actuación de los jueces españoles en el extranjero. La Cámara aprobará la limitación de la jurisdicción universal de la Audiencia Nacional, de forma que sólo podrá perseguir delitos fuera del territorio nacional cuando haya españoles afectados en el caso, según una propuesta de resolución de la portavoz del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha aceptado el PSOE, según fuentes populares.
La propuesta asegura que se trata de "vincular la jurisdicción universal a los casos en los que haya un punto de conexión con los tribunales españoles; exigir un punto de conexión con la jurisdicción española, bien la localización de los responsables en España o bien la nacionalidad española de la víctima y establecer el principio de subsidiariedad de la jurisdicción universal, aclarando que la investigación del delito en el país extranjero debe ser real y no ficticia".
El PP ha aceptado retirar la nueva redacción que proponía del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (el que recoge los delitos de justicia universal) para cerrar el acuerdo con el PSOE. Así, será el Gobierno el que envíe al Congreso el proyecto de ley. El texto inicial aseguraba que "para que puedan conocer los tribunales españoles deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española y, en todo caso, que en el país del lugar donde se cometieron los hechos delictivos o en el seno de un tribunal internacional no se ha iniciado causa penal que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles".
Esa propuesta del PP modificaba también el capítulo de delitos que serían competencia de la Audiencia Nacional en el extranjero para incluir el de "lesa humanidad" y excluir el de falsificación de moneda.
El PP ha aceptado retirar la nueva redacción que proponía del artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (el que recoge los delitos de justicia universal) para cerrar el acuerdo con el PSOE. Así, será el Gobierno el que envíe al Congreso el proyecto de ley. El texto inicial aseguraba que "para que puedan conocer los tribunales españoles deberá quedar acreditado que sus presuntos responsables se encuentran en España o que existen víctimas de nacionalidad española y, en todo caso, que en el país del lugar donde se cometieron los hechos delictivos o en el seno de un tribunal internacional no se ha iniciado causa penal que suponga una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles".
Esa propuesta del PP modificaba también el capítulo de delitos que serían competencia de la Audiencia Nacional en el extranjero para incluir el de "lesa humanidad" y excluir el de falsificación de moneda.
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