Los ciudadanos, «en las próximas semanas», comenzarán a pagar un mínimo de 100 a 300 euros por iniciar un pleito
22.11.12 - 02:31 -
ALFONSO TORICES | MADRID/ La Verdad
El Gobierno anunció, a última hora de la tarde de ayer, que aplaza «varias semanas» la entrada en vigor de la nueva ley de Tasas Judiciales, publicada ayer en el BOE y que tenía que comenzar a aplicarse hoy, tras darse cuenta de que no tenía el impreso para cobrar el nuevo canon. El Ministerio de Hacienda no ha aprobado aún la orden para elaborar el formulario para los pagos. El presidente del Consejo General de la Abogacía avisó horas antes al Ministerio de Justicia de esta imprevisión que iba a hacer inaplicable la ley.
Una vez se distribuya este formulario, los ciudadanos que acudan a los tribunales para solventar conflictos entre particulares, con la Administración o con las empresas tendrán que pagar como mínimo de 100 a 300 euros si quieren que los juzgados atiendan su pleito.
Cuando entre en vigor la nueva ley de tasas, el inicio de cualquier procedimiento judicial en España y la interposición de recursos ante los tribunales superiores tendrán un peaje económico salvo en el orden penal. A los habituales gastos de abogado y procurador habrá que añadir un canon público para poder solventar divorcios, herencias, conflictos vecinales, de alquiler o financieros, demandas médicas o de accidentes, recursos de multas o subvenciones, despidos, o cualquier otro asunto no delictivo.
La ley del Gobierno, rechazada por el conjunto de la oposición y por la totalidad de los colectivos de la Justicia, pone por primera vez precio al acceso a los tribunales españoles por los particulares -hasta ahora solo existían cánones y mucho más bajos para empresas- y solo exime del pago de las tasas a los ciudadanos beneficiados por la asistencia jurídica gratuita -colectivos con muy escasos recursos-, a las partes en algunos procesos muy concretos, a la Fiscalía, a todas las administraciones y organismos públicos -estatal, regional y local-, y a los parlamentos nacionales y autonómicos. El depósito solo se recupera si se gana la demanda y el demandado es condenado en costas.
La nueva norma no solo extiende las tasas a los particulares y multiplica las que ya pagaban las empresas sino que además obliga a pagar a los trabajadores que recurran las resoluciones laborales que resuelvan los conflictos con su empresa. La razón es que la reforma mantiene y eleva las tasas en la jurisdicción civil y contencioso-administrativa, pero además las amplía a la social. Eso sí, solo para los recursos sucesivos ante la justicia laboral. La primera instancia sigue gratuita.
Las tasas a abonar se componen de un canon fijo más un porcentaje vinculado a la cuantía en litigio. El fijo para interponer una demanda irá de 100 a 300 euros, según el tipo de proceso y de jurisdicción, y el precio para recurrir oscilará entre 500 y 1.200 euros, en función de si se hace ante la segunda instancia o ante el Tribunal Supremo. Pero al canon hay que sumar la parte variable de la tasa, que según los casos puede ser mucho más cuantiosa. Se trata del 0,5% de la cantidad que se demanda (hasta un millón) y un 0,25% adicional en caso de superar ese montante. En cualquier caso, el tope a pagar será de 10.000 euros más el canón fijo. Los costes son idénticos para todos, para un particular medio o un millonario. La única excepción es el ámbito laboral, donde asalariados y autónomos se ahorrarán un 60% de las tasas.
Una medida criticada
El Consejo General de la Abogacía denunció que la reforma provocará situaciones como que haya que pagar 200 euros para recurrir multas de 100; que un tetrapléjico a causa de un accidente que demande a su seguro 1,3 millones debe depositar 6.050 euros solo para que el juzgado estudie su caso; que una negligencia médica por 600.000 euros deba abonar 11.200 euros para recurrir ante el Supremo; o que el debate para el reparto de una herencia de 400.000 euros tenga una tasa de 2.300 euros si quiere que un juez lo solucione.
El ministro de Justicia y el PP se han quedado solos en la defensa de la ley de Tasas Judiciales. Rechazan que vulnere derecho constitucional alguno y dicen que tiene como objetivo reducir la litigiosidad y recaudar fondos para mejorar los tribunales y garantizar la asistencia jurídica gratuita. En su defensa, recuerdan que este sistema, pero con cuantías muy superiores, se aplica en numerosos países europeos.
Todos los operadores judiciales -jueces, fiscales, secretarios, abogados y procuradores- están radicalmente en contra de su puesta en marcha, porque creen que inaugura una Justicia para ricos y otra para pobres.
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