El Gobierno aprueba este viernes la Ley de Navegación Marítima

DIEZ AÑOS DESPUÉS DE LA CATÁSTROFE DEL PRESTIGE

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El Gobierno tiene previsto aprobar este viernes el proyecto de Ley de Navegación Marítima en el que, entre otras cuestiones, se delimitan y establecen las responsabilidades civiles de cada una de las partes, como el armador, propietario y capitán de un barco, entre otros.

   Esta delimitación de responsabilidades podría ser de aplicación en casos futuros de catástrofes como la ocurrida con el Prestige, que inundó de 'chapapote' las costas gallegas el 13 de noviembre de 2002.

   El Ministerio de Justicia va a llevar a Consejo de Ministros un texto que modifica la Legislación vigente hasta la fecha sobre navegación marítima, que ha realizado en coordinación con el Ministerio de Fomento, aunque también han participado otros departamentos ministeriales, entre ellos el de Industria, según informaron a Europa Press fuentes del Ejecutivo.  

 

   La Ley actual es de 1885 y con la nueva legislación se pretende refundar en una Ley nueva los convenios internacionales aprobados en los últimos años. Además, se pretende que la futura norma sea más ágil a la hora de luchar contra la contaminación o proteger el patrimonio subacuático.

   Este proyecto de Ley ya fue remitido al Parlamento por el anterior Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El texto había sido realizado por los departamentos que en ese momento dirigían los ministros Mariano Fernández Bermejo y Magdalena Álvarez. Pero finalmente, y después de prorrogar más de cuarenta veces la aportación de enmiendas, se paralizó su aprobación. Ahora, el texto se ha rescatado y sobre él se han realizado numerosas modificaciones.

   La aprobación de este proyecto de Ley se producirá cuando se van a cumplir diez años del accidente del Prestige y coincidiendo también con el inicio del juicio por estos hechos, que empezó oficialmente el 16 de octubre, pero que una vez resueltas las cuestiones procesales se retomará el 13 de noviembre, justo el día del décimo aniversario de la catástrofe, con la declaración del capitán del Prestige, Apostolos Mangouras. El armador, Universe Maritime, con sede en Grecia, no ha comparecido en el juicio y la propietaria, Mare Shipping, si está personada.

   En el banquillo de los acusados, se sientan el capitán del Prestige, Apostolos Mangouras; el jefe de máquinas Nikolaos Argyropoulos y el exdirector general de la Marina Mercante, José Luis López Sors, único alto cargo del entonces Gobierno imputado por estos hechos.

   Para ellos, se piden penas que oscilan entre los cuatro y los doce años de prisión. La Fiscalía pide para el capitán 12 años de cárcel --siete por un delito contra el medio ambiente y otro de daños en espacios naturales protegidos--, mientras que el letrado que representa a 60 cofradías de Galicia, Asturias y Cantabria solicita nueve años de prisión para los tres miembros de la tripulación.

   La Abogacía del Estado pide la imputación del capitán del Prestige; su jefe de máquinas y el primer oficial y que se le abonen en concepto de indemnización los gastos que el accidente ocasionó el Estado y que cifra en unos 1.000 millones de euros. A su vez, la Fiscalía de Medio Ambiente evalúa, en base a un informe pericial, en 3.862,42 millones el impacto económico y ambiental de la catástrofe solo en el caso de España.

RESPONSABLES CIVILES

  Como responsables civiles directos, figuran la aseguradora London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de daños por la contaminación de hidrocarburos (Fidac) y como subsidiarios, las navieras Mare Shipping Inc. y Universe Maritime Ltd, y el Estado español.

   En el procedimiento, figuran medio centenar de abogados, en representación de la Abogacía del Estado, letrados de la Xunta, buena parte de las cofradías de pescadores de Galicia, la plataforma Nunca Máis y la Diputación Provincial de La Coruña, además de la fiscalía o el Estado francés.

   En total, el sumario tiene 266.650 folios y en él figuran 2.300 personas o entidades que se sienten perjudicadas por el efecto del naufragio del buque y que presentaron reclamaciones civiles, además de las 2.090 partes personadas.