La Verdad
Un estudio de The Family Watch, el nuevo observatorio internacional de la familia, constata que con la llegada del divorcio exprés es «más fácil» divorciarse que darse de baja de un operador telefónico.
Según se desprende del informe titulado Matrimonio: ¿Contrato basura o bien social?, esta medida constituye «un gran disolvente del compromiso social de los cónyuges» al tiempo que la legislación sobre el matrimonio en España y su entorno refleja «la gran distancia que existe entre la regulación jurídica y las necesidades sociales».
«Por decirlo de una forma simple -continúa-, se ha tratado de hacer justicia con todas las situaciones unificándolas, igualándolas por debajo. Es como si se llamara propiedad a todas las formas de uso de una casa, sin distinguir la compra del alquiler o la donación».
En este sentido, señala que la legislación española sobre el matrimonio «no tiene en cuenta que no todos los tipos de unión tienen las mismas consecuencias para la pareja ni para los hijos». «Tampoco el coste social es uniforme, ya que la falta de estabilidad familiar supone un recurso mayor a la sanidad pública y los restantes servicios sociales», indica.
En el estudio, el catedrático de Derecho Civil y presidente de The Family Watch, Carlos Martínez de Aguirre, sostiene que «la descripción de las últimas reformas legales es la crónica del imparable ascenso y vertiginosa caída del matrimonio civil español, en poco menos de 25 años».
El libro recoge también las aportaciones del cartagenero Rafael Navarro-Valls, quien señala que «el derecho puede contribuir más a no erosionar el ecosistema familiar que a restaurarlo». «Nuestra misión como juristas es contribuir a crear un ambiente jurídico propicio para que las familias se mantengan unidas».
Un estudio de The Family Watch, el nuevo observatorio internacional de la familia, constata que con la llegada del divorcio exprés es «más fácil» divorciarse que darse de baja de un operador telefónico.
Según se desprende del informe titulado Matrimonio: ¿Contrato basura o bien social?, esta medida constituye «un gran disolvente del compromiso social de los cónyuges» al tiempo que la legislación sobre el matrimonio en España y su entorno refleja «la gran distancia que existe entre la regulación jurídica y las necesidades sociales».
«Por decirlo de una forma simple -continúa-, se ha tratado de hacer justicia con todas las situaciones unificándolas, igualándolas por debajo. Es como si se llamara propiedad a todas las formas de uso de una casa, sin distinguir la compra del alquiler o la donación».
En este sentido, señala que la legislación española sobre el matrimonio «no tiene en cuenta que no todos los tipos de unión tienen las mismas consecuencias para la pareja ni para los hijos». «Tampoco el coste social es uniforme, ya que la falta de estabilidad familiar supone un recurso mayor a la sanidad pública y los restantes servicios sociales», indica.
En el estudio, el catedrático de Derecho Civil y presidente de The Family Watch, Carlos Martínez de Aguirre, sostiene que «la descripción de las últimas reformas legales es la crónica del imparable ascenso y vertiginosa caída del matrimonio civil español, en poco menos de 25 años».
El libro recoge también las aportaciones del cartagenero Rafael Navarro-Valls, quien señala que «el derecho puede contribuir más a no erosionar el ecosistema familiar que a restaurarlo». «Nuestra misión como juristas es contribuir a crear un ambiente jurídico propicio para que las familias se mantengan unidas».
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