El presidente apoya las iniciativas que piden transparenciaFERNANDO GAREA - Madrid - 30/03/2009 / EL PAÍS.com
El presidente del Congreso, José Bono, está dispuesto a buscar fórmulas para modificar el sistema de incompatibilidades de los diputados y dotarle de transparencia. Lo hará una vez que ya están aprobados los informes de incompatibilidades de los diputados actuales, según los cuales 250 de los 350 cobran al margen de su actividad parlamentaria. A todos ellos, la Cámara baja les concedió el pasado jueves la compatibilidad de sus actividades en una votación secreta y a puerta cerrada.
El presidente de la Cámara apoyará las iniciativas que se disponen a presentar el próximo martes PSOE e Izquierda Unida en la Comisión del Estatuto del Diputado, la que estudia las compatibilidades de las actividades fuera del Congreso. La intención del presidente es que se pongan en marcha en el plazo más breve posible, previsiblemente antes del verano.
El propio Bono cobra del sector privado como conferenciante, por tertulias de radio y televisión y por libros y artículos de prensa. Además, es patrono de la Fundación para el Progreso de Salobre (sin remuneración).
En este momento, el proceso de concesión de compatibilidades es secreto y el registro de actividades es reservado. Cuando los diputados acceden al escaño, tienen que hacer dos declaraciones, una de patrimonio y otra de actividades. La primera es absolutamente secreta. La segunda debe ser estudiada por la Comisión del Estatuto del Diputado, que hace un informe sobre si es compatible o no con la actividad de diputado, de acuerdo con el régimen de incompatibilidades descrito en la Ley Electoral. Después, el informe sobre las actividades de todos los diputados se vota y se aprueba a puerta cerrada y en secreto. Sólo los portavoces conocen su contenido y el resto de diputados lo votan a ciegas. En la votación del pasado jueves, 90 diputados se abstuvieron o votaron en contra del informe, en lo que fue un claro voto de rechazo al secretismo ejercido por la Cámara baja.
Las iniciativas de los socialistas y del diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, tienen como objetivo dar transparencia a este proceso.
Además, a pesar de que el Congreso da por buenas las explicaciones de los diputados, es imposible que compruebe si se cumplen las limitaciones legales, especialmente las que hacen referencia a no recibir ingresos procedentes de las Administraciones públicas. La autorización de compatibilidad incluye un compromiso genérico del diputado. Tampoco hay capacidad para pedir con posterioridad explicaciones o de solicitar documentación adicional. Bono apoya la iniciativa de PSOE e IU para dotar a la Cámara de capacidad para investigar el cumplimiento del régimen de incompatibilidades, más allá de lo que declaren los diputados.
En este momento no es posible siquiera pedir explicaciones a los diputados que hayan omitido datos. Hay casos como el del secretario general de la fundación FAES, Jaime García Legaz, que ha comunicado esta actividad a la Cámara, pero no está en los dos dictámenes aprobados.
PSOE e IU consideran que es posible cambiar el sistema sin modificar la Ley Electoral. No obstante, en el futuro pedirán un informe sobre la posibilidad de cambiar la ley. Llamazares quiere que las actividades permitidas se limiten a las derivadas de la condición de diputado, es decir, participación en medios de comunicación, docencia y conferencias, básicamente.
El propio Bono cobra del sector privado como conferenciante, por tertulias de radio y televisión y por libros y artículos de prensa. Además, es patrono de la Fundación para el Progreso de Salobre (sin remuneración).
En este momento, el proceso de concesión de compatibilidades es secreto y el registro de actividades es reservado. Cuando los diputados acceden al escaño, tienen que hacer dos declaraciones, una de patrimonio y otra de actividades. La primera es absolutamente secreta. La segunda debe ser estudiada por la Comisión del Estatuto del Diputado, que hace un informe sobre si es compatible o no con la actividad de diputado, de acuerdo con el régimen de incompatibilidades descrito en la Ley Electoral. Después, el informe sobre las actividades de todos los diputados se vota y se aprueba a puerta cerrada y en secreto. Sólo los portavoces conocen su contenido y el resto de diputados lo votan a ciegas. En la votación del pasado jueves, 90 diputados se abstuvieron o votaron en contra del informe, en lo que fue un claro voto de rechazo al secretismo ejercido por la Cámara baja.
Las iniciativas de los socialistas y del diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, tienen como objetivo dar transparencia a este proceso.
Además, a pesar de que el Congreso da por buenas las explicaciones de los diputados, es imposible que compruebe si se cumplen las limitaciones legales, especialmente las que hacen referencia a no recibir ingresos procedentes de las Administraciones públicas. La autorización de compatibilidad incluye un compromiso genérico del diputado. Tampoco hay capacidad para pedir con posterioridad explicaciones o de solicitar documentación adicional. Bono apoya la iniciativa de PSOE e IU para dotar a la Cámara de capacidad para investigar el cumplimiento del régimen de incompatibilidades, más allá de lo que declaren los diputados.
En este momento no es posible siquiera pedir explicaciones a los diputados que hayan omitido datos. Hay casos como el del secretario general de la fundación FAES, Jaime García Legaz, que ha comunicado esta actividad a la Cámara, pero no está en los dos dictámenes aprobados.
PSOE e IU consideran que es posible cambiar el sistema sin modificar la Ley Electoral. No obstante, en el futuro pedirán un informe sobre la posibilidad de cambiar la ley. Llamazares quiere que las actividades permitidas se limiten a las derivadas de la condición de diputado, es decir, participación en medios de comunicación, docencia y conferencias, básicamente.
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