viernes, 10 de abril de 2009

El PP recibirá al nuevo Ejecutivo con una ofensiva parlamentaria

FERNANDO GAREA - Madrid - 10/04/2009 / El País.com
Cristóbal Montoro, portavoz de economía del PP, llamó el miércoles a Pedro Solbes para despedirle y el jueves a Elena Salgado para darle la bienvenida, pero hasta ahí llega el plazo de cortesía de la oposición con el nuevo Gobierno.
El calendario y el fondo de la crisis de Gobierno no permiten treguas, según el PP. De hecho, el primer cometido parlamentario de Salgado como vicepresidenta no será un camino de rosas. Debe defender dentro de dos semanas la convalidación del decreto de intervención de la Caja de Castilla-La Mancha y el PP, aunque votará a favor, aprovechará para criticar con dureza la gestión del Gobierno.
En cuanto al fondo de los cambios, el PP considera que "Zapatero se ha echado la crisis a la espalda", en un proceso que se inició en el Consejo de Ministros extraordinario de agosto y que termina con la sustitución de Solbes por Salgado.
El portavoz adjunto del PP, José Luis Ayllón, asegura que "Zapatero ha buscado a una vicepresidenta que le diga a todo que sí". Explica el PP que Salgado carece de peso político, de autoridad en el partido y que no es una técnica, sino una gestora que permite a Zapatero asumir la gestión pública de la crisis económica. Según Ayllón, no parece que vaya a ser "una vicepresidenta que audita o controla el gasto del Gobierno", como podía ser Solbes.
Explicar los cambios
Sobre el resto de los cambios, Ayllón asegura que su primera preocupación es esperar a ver cómo se resuelven las dudas sobre el nuevo reparto de competencias, que se plasmará en los decretos que se publiquen en los próximos días y en las comparecencias en las comisiones del Congreso de los nuevos ministros, que no tendrán lugar antes de quince días. Ayllón asegura que es fundamental que se produzca lo antes posible la comparecencia en pleno del propio Zapatero para que explique los cambios.
El primer asalto parlamentario será el próximo martes en el Senado, con una pregunta al nuevo vicepresidente tercero, Manuel Chaves, por parte del senador Javier Arenas, reeditando un clásico del Parlamento andaluz. El dirigente del PP preguntará sobre la financiación autonómica.
Ayllón asegura que no puede hablarse en este caso de 100 días de gracia, porque "la propia vicepresidenta primera dijo que no hay un cambio de políticas". Añade que "con el ritmo de creación de parados, esperar 100 días sería por nuestra parte una irresponsabilidad, porque supondría multiplicar la cifra".

La intervención del Banco de España para estabilizar la Caja de Castilla La Mancha (CCM) es de "extrema gravedad", en opinión del PP, que ayer se mostró indignado con la intervención pública del ministro de Economía en la que parecía restar importancia a la decisión. Además, el principal partido de la oposición vaticinó que habrá más intervenciones de este tipo. Nada más terminar la rueda de prensa en La Moncloa, en la sede del PP comparecieron la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y su portavoz de Economía, Cristóbal Montoro. Ambos transmitieron un mensaje de tranquilidad a las familias que tienen sus ahorros en la caja, ya que "pasan a estar garantizados directamente por el Banco de España".
El presidente del PP, Mariano Rajoy, conoció la decisión por una llamada del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Pedro Solbes, "minutos antes" de la convocatoria del Consejo de Ministros extraordinario a las seis de la tarde. El PP pedirá la comparecencia urgente en el Congreso de los Diputados de Solbes y del gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, para explicar los hechos. Este último ya se había adelantado al dirigirse al presidente de la Comisión de Economía del Congreso, mostrando su disposición a comparecer para informar de la decisión.
El PP considera "inadmisible" la actitud con la que compareció Pedro Solbes en rueda de prensa y su afirmación de que se trataba de "un trámite" de elaboración del decreto correspondiente. María Dolores de Cospedal recordó que desde la intervención de Banesto, en 1993, no se había producido "una situación de tan extrema gravedad".
Cospedal, que es presidenta del Partido Popular en Castilla-La Mancha, dijo que el Gobierno, a través del impulso a la fusión de CCM con Unicaja, ha tratado "de tapar una situación muy grave con un procedimiento que no era el más adecuado". Ha sido al fracasar ese intento de fusión cuando se ha precipitado la intervención para salvar la entidad.
Además, Cospedal anunció que el PP pedirá responsabilidades sobre la gestión de los cargos que han sido apartados de la dirección de CCM. También recordó que recientemente dimitieron de sus cargos algunos consejeros del PP en la caja, que denunciaron falta de información sobre el proceso de fusión con Unicaja. El PP ha denunciado repetidamente que la caja estaba en una situación financiera muy difícil.
La secretaria general del PP dijo que el Gobierno socialista ha demostrado una "falta de control de la situación". Recordó que el PP en Castilla-La Mancha ha pedido en las Cortes regionales que se investigue la entidad manchega y chocó con la negativa socialista. El PP, dijo Cospedal, quiere que se sepa "cómo ha cumplido el Gobierno autonómico el control e inspección" de la caja.
El portavoz de Economía del PP, Cristóbal Montoro, advirtió que "el PP no va a entrar en ningún pasteleo ni ocultación de lo que está ocurriendo en las entidades financieras". También lanzó la advertencia de que "no será la última" intervención de estas características. La idea de que el Gobierno oculta la situación real del sistema financiero ha sido uno de los ejes principales de oposición del Partido Popular desde antes incluso de la campaña electoral del año pasado.
La situación de la caja manchega surgió esta semana en el Congreso cuando Mariano Rajoy exigió desde la tribuna al presidente del Gobierno: "Díganos cuál es la situación de verdad en Castilla-La Mancha". Zapatero había atacado antes con la situación de Caja Madrid.
Montoro agregó que usarán el trámite de convalidación parlamentaria que requiere el real decreto ley aprobado para "exigir las oportunas explicaciones".

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